La principal economía de la zona euro, Alemania, se enfrenta a los mismos retos que sus vecinos del Viejo Continente en lo que respecta a su sistema de pensiones y, al contrario que en otros aspectos, en este punto no supone una referencia. El PIB del país germano aumentó un 1,4% en 2018, acumulando nueve años consecutivos de crecimiento económico. Sin embargo, en la denominada locomotora de Europa, el envejecimiento de la población también está haciendo mella en las finanzas públicas, dado el menor número de contribuyentes al sistema de pensiones y mayor número de preceptores.

Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de contar con ahorro privado de cara a la  jubilación, el ejecutivo teutón envía cada año a los mayores de 27 años información actualizada sobre la base de los periodos computados e incluye un cálculo aproximado de la pensión prevista cuando se alcance la edad de jubilación. Asimismo, a partir de los 55 años, se recibe cada tres años un informe más detallado sobre la cuenta personal de pensiones.

En Alemania, la pensión pública depende directamente de las remuneraciones percibidas durante la vida laboral y de lo aportado al sistema, lo que provoca notables diferencias entre los pensionistas y, especialmente, entre hombres y mujeres, ya que los sueldos de estas últimas son significativamente inferiores. No en vano, mientras que la pensión media del país se sitúa en 1.000 euros mensuales, la de las mujeres es de 600 euros. También hay disparidad entre el Este y el Oeste. Pese a la caída del muro, las condiciones no son homogéneas y en el Este, la pensión media se mantiene en 810 euros. Para tratar de acabar con esta situación, el Gobierno puso en marcha una ley para que en 2024 queden eliminadas estas diferencias.

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Además, no existe una pensión mínima (ni máxima) y son muchos los germanos que ante la perspectiva de no poder mantener su nivel de vida, se decantan por continuar trabajando en los llamados ‘minijobs” y completar su pensión.

Dada la situación actual, desde el Gobierno tratan de fomentar la previsión empresarial y privada a través de ventajas fiscales y una reducción de las contribuciones al seguro social. Así, en 2018, era posible invertir hasta 6.240 euros libres de impuestos en productos de previsión empresarial para la vejez, es decir, a través de un fondo de pensiones, de una caja de pensiones o de un seguro directo. Además, las cuotas de la retribución transformadas estuvieron exentas de contribuciones al sistema de seguridad social hasta un importe de 3.120 euros.