A la hora de calcular tu pensión cuando te jubilas, actualmente se utilizan tres parámetros  principales: la base de cotización de los últimos diecinueve años (en 2022 serán los últimos veinticinco), la edad de jubilación y los años de cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, en los próximos años se incorporará uno nuevo: el factor de sostenibilidad.

¿Por qué se ha introducido este nuevo parámetro? Fundamentalmente se debe a dos razones que afectan a nuestro sistema de pensiones: el envejecimiento de la población y la esperanza de vida. Cada vez viviremos más y el porcentaje de mayores de 65 años aumentará. Esto, unido a la baja natalidad, provocará que baje la ratio de trabajadores por pensionistas. La sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto necesita que la ratio entre cotizantes y pensionistas sea superior a dos. Las proyecciones demográficas permitirían mantener esta ratio hasta el año 2029. A partir de entonces, el aumento de las pensiones de viudedad y de jubilación principalmente harían reducir dicha ratio hasta 0,7, es decir, que por cada pensionista (incluye todas las contingencias) habría 0,7 cotizantes financiando la prestación.

Esto quiere decir que, manteniendo el modelo actual, habría que destinar muchos más recursos a las pensiones a la vez que habría menos trabajadores aportando dinero al sistema. Dada esta situación surge la necesidad de buscar nuevas fórmulas para garantizar un modelo de pensiones que pueda ser viable y sostenible. Es ahí donde surge el concepto del factor de sostenibilidad, que previsiblemente entrará en vigor en 2023.

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Por ello, se han añadido dos nuevas variables para calcular la pensión de un jubilado: el factor de equidad intergeneracional (factor de sostenibilidad) y la revalorización anual.

¿Qué es el factor de sostenibilidad?

Es una medida aprobada por el Gobierno en 2011 y desarrollada en 2013 que entrará en vigor en 2019. Significa que se tendrá en cuenta la esperanza de vida de los nuevos jubilados al cobrar la pensión. En nuestro país la esperanza de vida ha aumentado y se espera que lo siga haciendo -al igual que en los países de nuestro entorno- en los próximos años. El porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,7%, pasará a ser el 25,6% en 2031 y del 34,6% en 2066.Por ello, el objetivo es adaptar la cuantía de la pensión pública al número de años que viviremos. Es decir, distribuir el total de nuestra pensión entre el número de años que vivamos a partir del momento de nuestra jubilación: si se vive más años el importe mensual de la pensión será algo inferior, para así cobrar el mismo importe total durante la jubilación que cohortes de población que viven menos tiempo jubiladas. Además, para que este indicador se ajuste lo más posible a la realidad, se revisará cada cinco años según vaya evolucionando la esperanza de vida.

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La revalorización, vinculada a la salud de las arcas públicas

Adicionalmente, se ha aprobado la revalorización anual de las pensiones ya causadas, que modifica la fórmula mediante la que se calcula el aumento de las pensiones. Esta revalorización se desvincula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tiene en cuenta la salud del sistema de pensiones. Esto se traduce en que las pensiones solo aumentarán un 0,25% mientras el sistema de Seguridad Social se encuentre en situación de déficit; y, además, solo subirán más si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Esto quiere decir que los pensionistas podrían perder poder adquisitivo si la inflación supera el 0,25% en un año y el sistema está en déficit.

En resumen, las nuevas variables que se tendrán en cuenta en el factor de sostenibilidad adaptarán la cuantía de las pensiones a los años que vivan los nuevos jubilados y a la condición en que se encuentre el sistema de pensiones. Estas medidas ayudarán a mantener la viabilidad del sistema, pero los pensionistas perderían poder adquisitivo. Por tanto, en estos momentos cobra especial importancia el ahorro y la planificación financiera para poder contar con un complemento a nuestra pensión pública.